En una protesta turbulenta contra la reforma judicial en Veracruz, el magistrado federal José Manuel de Alba resultó lesionado tras un enfrentamiento con los elementos de seguridad del Congreso estatal. La tensión estalló cuando la seguridad del Congreso, a cargo del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (Ipax), cerró las puertas del recinto legislativo para evitar el acceso de trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) y ciudadanos en general.
La confrontación se produjo en la entrada del Congreso, donde los manifestantes, que se oponen a la reforma judicial, intentaban ingresar al edificio. Durante el forcejeo, el magistrado de Alba cayó al suelo después de ser presuntamente empujado por un miembro del Ipax. La situación se tornó caótica, con gritos de los manifestantes pidiendo asistencia médica para el magistrado y acusaciones de represión por parte de la seguridad.
“Lo agredió el de seguridad, acaban de lesionar al magistrado federal; le aventaron la puerta en la cara y resultó lesionado. Pidan una ambulancia. Personal de seguridad lesiona a un magistrado”, clamó uno de los manifestantes a través de un altavoz, mientras la tensión aumentaba.
En respuesta a los hechos, los manifestantes han anunciado su intención de proceder legalmente por la agresión y han advertido que el incidente podría tener graves consecuencias para las autoridades involucradas. Además, destacaron que un juez federal en Xalapa había otorgado una suspensión para garantizar que el Congreso estatal permitiera el acceso a los manifestantes, en respuesta a la violación de derechos humanos que alegaron.
“Ante la violación de derechos humanos, este juzgador considera procedente acceder a la petición y conceder la suspensión en este momento”, comentó uno de los participantes en la protesta.
La situación refleja un clima de alta tensión en el estado, con manifestantes decididos a protestar contra las reformas judiciales mientras enfrentan obstáculos significativos en su camino. La respuesta de las autoridades y la continuación del proceso judicial determinarán los próximos pasos en este conflicto.
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