El gobierno venezolano expresó su rechazo más enérgico a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra 16 funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro, a quienes se acusa de fraude electoral en los comicios del 28 de julio y de reprimir a la oposición. A través de un comunicado, el canciller Yván Gil denunció las medidas como un "crimen de agresión" y señaló que estas violan el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.
Caracas calificó las sanciones como una "acción grosera" que busca favorecer a sectores de la política estadounidense que, según el gobierno venezolano, recurren a prácticas fascistas para desestabilizar la democracia bolivariana. La administración de Joe Biden impuso estas medidas tras acusar a los funcionarios venezolanos de obstaculizar las elecciones y de cometer abusos contra los derechos humanos.
Entre los sancionados se encuentran figuras clave del gobierno de Maduro, como Rosalba Gil, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y Pedro José Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Las sanciones incluyen la congelación de activos en Estados Unidos y restricciones de visa.
Por su parte, cerca de 50 países, incluidos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, pidieron a Venezuela en la ONU que publique los resultados de las elecciones de manera inmediata y permita su verificación por observadores internacionales. El representante venezolano en la ONU, Alexander Yánez, denunció que Washington utiliza a otros países para agredir a su nación.
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