Cerca de 2,000 personas se congregaron en San Andrés Larráinzar, Chiapas, para rendir homenaje al sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez, quien fue asesinado el pasado domingo tras celebrar una misa en San Cristóbal de las Casas. Los asistentes exigieron justicia no solo por el crimen, sino también por los autores intelectuales detrás del asesinato.
El caso del padre Marcelo ha sido elevado a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la presunta vinculación con el crimen organizado. La Fiscalía de Chiapas confirmó la detención de un presunto autor material del homicidio, resultado de investigaciones basadas en cámaras de seguridad, trabajos de inteligencia y declaraciones de testigos.
La Iglesia Católica ha hecho hincapié en que su demanda abarca la identificación y el castigo a los autores intelectuales del crimen, así como la acción contra los grupos armados que operan en la región con total impunidad. “Es significativo que este crimen lo haya asumido el gobierno federal”, señaló el obispo emérito Raúl Vera, quien celebró la misa previa al entierro del sacerdote.
Durante la ceremonia, Vera hizo un llamado a trabajar contra los abusos de los poderes políticos y económicos, denunciando a aquellos que “pagan asesinos para acallar voces como el padre Marcelo”. El religioso era conocido por su mediación en conflictos sociales y políticos en una región azotada por la violencia.
Las calles de San Andrés Larráinzar se llenaron de gritos de “¡Justicia para Marcelo!” y aplausos en honor al padre, cuyo trabajo incluyó la denuncia de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados en varios municipios chiapanecos. En respuesta a la escalada de violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a la estrategia de seguridad actual, aunque el cardenal Felipe Arizmendi opinó que esta no ha dado resultados.
El padre Marcelo Pérez, de 50 años, había enfrentado múltiples amenazas y desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas de protección que no se implementaron adecuadamente. Organizaciones de derechos humanos han responsabilizado a las autoridades de su muerte, indicando que, lejos de protegerlo, el Estado mexicano lo criminalizó y lo persiguió judicialmente.
El asesinato del padre Pérez ocurre en un contexto de creciente inseguridad en Chiapas, donde la violencia política y social, junto con la lucha entre los cárteles de Jalisco y Sinaloa por el control de la frontera con Guatemala, ha generado un ambiente de inestabilidad. La situación es tan crítica que se han planteado preocupaciones sobre el riesgo de una “guerra civil” en el estado.
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