Los jueces, magistrados y más de 4,000 trabajadores del Palacio de Justicia de San Lázaro han decidido mantener su paro parcial indefinido, desafiando una orden del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que instaba a todos los empleados a regresar a sus labores. Este paro, que se inició el 19 de agosto, responde a la falta de condiciones laborales adecuadas y a la inseguridad respecto a su futuro en el marco de la reforma judicial impulsada por Morena.
El magistrado Héctor Orduña Sosa, al hablar en nombre de sus colegas, explicó que no hay condiciones propicias para reanudar las actividades en el edificio. “Hemos llegado a la conclusión de que aún no hay condiciones para regresar a trabajar en el edificio de San Lázaro”, declaró. En una clara advertencia, también mencionó que la decisión de continuar con el paro podría acarrear problemas, pero enfatizó que la protección de sus derechos es fundamental.
La magistrada Edna Lorena Hernández Granados destacó que cada trabajador es abogado y está capacitado para defenderse legalmente en caso de sanciones laborales. Sin embargo, aseguró que actualmente no hay motivos para preocuparse, ya que las decisiones sobre el paro son tomadas por los titulares del Palacio de Justicia.
Por su parte, el magistrado Marco Polo Rosas Baquero resaltó el sentimiento generalizado de los más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial, quienes consideran que no existen condiciones seguras para regresar a sus labores. “¿Quieren que se administre justicia cuando no se tiene justicia ni siquiera para los impartidores de justicia?”, cuestionó, planteando serias dudas sobre la capacidad de la administración para garantizar la estabilidad laboral en el futuro.
A pesar del ambiente de protesta, algunos trabajadores mostraron un sentido de celebración, lo que generó tensiones y reclamaciones sobre la falta de información en el seno del movimiento. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, enfatizó la necesidad de continuar la resistencia, afirmando que “el tema de la reforma no ha terminado” y que la situación sigue siendo crítica mientras la reforma judicial continúe impugnada y sin resolución por parte de la Corte.
Desde su inicio, el paro ha sido una manifestación de las preocupaciones sobre la reforma judicial que podría impactar negativamente los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, hasta ahora, el CJF no ha presentado compromisos concretos que garanticen la protección de esos derechos.
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