En una reciente acción contra la influencia encubierta en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, TikTok ha eliminado cuentas vinculadas a dos grupos de medios rusos, Rossiya Segodnya y TV-Novosti. Esta medida es parte de una creciente preocupación sobre la interferencia extranjera en los procesos democráticos y sigue a acciones similares tomadas por otras plataformas de redes sociales.
La decisión de TikTok se produce en un contexto en el que las plataformas sociales globales están intensificando sus esfuerzos para evitar la manipulación de la opinión pública. La semana pasada, Meta (matriz de Facebook e Instagram) también tomó medidas contra Rossiya Segodnya y RT, prohibiendo sus cuentas a nivel mundial por actividades de interferencia extranjera.
A principios de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos empleados de RT de dirigir fondos a una empresa estadounidense para crear y amplificar contenido que favorece los intereses del estado ruso. Esta campaña de influencia encubierta incluyó a Tenet Media, una empresa conocida por sus comentaristas pro-Trump. La respuesta de RT a estas acusaciones ha sido de burla, sin abordar directamente los detalles de los cargos.
TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, ha enfrentado cuestionamientos sobre la posible manipulación de su algoritmo por parte del gobierno chino para influir en el público estadounidense. En abril, el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley que podría llevar a una prohibición nacional de TikTok, a menos que la plataforma encuentre un nuevo propietario.
Aunque TikTok ha impugnado esta medida en los tribunales, las preocupaciones sobre la seguridad y la influencia extranjera persisten.La eliminación de las cuentas rusas por parte de TikTok es un paso significativo en la lucha contra la interferencia extranjera en las elecciones de EU. No obstante, la batalla contra la desinformación y la manipulación en línea continúa siendo un desafío constante que requiere la colaboración entre plataformas, gobiernos y usuarios para proteger la integridad de los procesos democráticos.
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