La reciente aprobación de la reforma judicial en el Senado mexicano, que plantea la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha generado preocupación en el ámbito empresarial tanto en México como en el extranjero. Desde el estado de Texas, la Texas Public Policy Foundation ha lanzado una propuesta para atraer la inversión que podría retirarse de México debido a la incertidumbre jurídica que ha provocado la reforma.
La fundación, con sede en Austin, ha calificado la reforma de “radical” y asegura que Texas está preparado para recibir inversiones que busquen un entorno estable. Además, ha destacado que el estado ofrece un ambiente favorable para los negocios, con un marco legal predecible y sin cambios drásticos en los poderes, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para los inversionistas globales.
Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, también se sumó a este pronunciamiento, subrayando que el reto de México bajo estas nuevas circunstancias será fortalecer el estado de derecho y ofrecer certeza jurídica para mantener la atracción de capitales y potenciar el fenómeno del nearshoring. Según Rubin, es clave que México continúe trabajando para ser un destino competitivo que genere empleos bien remunerados y oportunidades para todos.
El exembajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, coincidió en que Texas es el verdadero competidor de México para atraer inversiones, superando a países del sudeste asiático en la captación de flujos de capital reubicado.
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