El Senado de la República se pronunció en contra de la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de retirar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta votación, que se llevó a cabo el 24 de octubre de 2024, se realizó por 81 votos a favor de los senadores de los partidos Morena, PT y PVEM, mientras que 34 senadores de la oposición se manifestaron en contra. La controversia surge tras una orden de la jueza Nancy Juárez Salas, quien había instruido a Sheinbaum a retirar dicha reforma.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, presentó al Senado un escrito solicitando una consulta sobre la viabilidad de retirar la publicación. En su intervención, Godoy argumentó que la eliminación de la reforma es "imposible legal, material y tácticamente". Afirmó que retirar la publicación representaría una violación flagrante al principio de integridad e inalterabilidad del Diario Oficial, como lo establece el artículo 7 bis de la ley que regula este órgano gubernamental.
Durante la sesión, el senador panista Marko Cortés cuestionó a la presidenta, sugiriendo que está tratando de trasladar al Senado la responsabilidad de desacatar la orden judicial. En su discurso, Cortés enfatizó que “la Presidenta de la República carece de atribuciones para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial”.
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, también se pronunció en contra de la solicitud de Sheinbaum. Aseguró que la presidenta está intentando "torcer la ley" para eludir su responsabilidad como autoridad. Viggiano añadió que “una resolución o se acata o se ataca”, destacando la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, instó a la presidencia a combatir la resolución de la jueza por los canales legales, en lugar de buscar la intervención del Senado para eludir su cumplimiento.
El resultado de esta votación marca un hito en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en un contexto donde las tensiones por las reformas judiciales y la independencia de poderes se intensifican en el país. La decisión del Senado no solo reafirma su postura frente a la orden judicial, sino que también plantea interrogantes sobre el respeto a la autonomía de las instituciones en México.
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