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Propuesta de Reforma en México Busca Eliminar Siete Organismos Autónomos para Reducir Gasto Público

La Cámara de Diputados discutirá la próxima semana una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que propone la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La reforma, presentada inicialmente en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado controversia debido a la importancia de estos organismos en la regulación de diversas áreas y la protección de derechos ciudadanos.


Los organismos que podrían desaparecer son: el INAI, Coneval, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El gobierno argumenta que esta medida permitiría un ahorro significativo en el gasto público y cuestiona la verdadera independencia de estas instituciones.


La reforma plantea que las funciones de estos organismos pasen a diversas dependencias federales y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y que los recursos ahorrados se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Respecto a los empleados, la iniciativa asegura que sus derechos laborales serán respetados y se integrarán a las instituciones que asuman sus funciones.


Entre los cambios propuestos, destaca que la Secretaría de Economía asumiría las responsabilidades de la Cofece, mientras que la Secretaría de Energía se encargaría de las atribuciones de la CRE y la CNH. Las tareas del INAI se dividirían entre dependencias federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro.


Especialistas advierten que la eliminación de estos organismos podría comprometer la imparcialidad y eficacia en áreas críticas, al quedar en manos del gobierno central decisiones que, hasta ahora, eran supervisadas por entidades independientes.

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