El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, magistrado Héctor Tinajero Muñoz, ha interpuesto una controversia constitucional contra la reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma fue aprobada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso federal. La controversia, identificada como 298/2024, fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 17 de octubre y se ha turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El ministro González Alcántara Carrancá también se ocupa de la controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo de Guanajuato y de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por varios partidos, incluidos el Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Unión Democrática y diversos legisladores de Zacatecas.
La intervención del magistrado Tinajero Muñoz en este proceso se da en un contexto de creciente tensión en el ámbito judicial. El 19 de octubre, se unió a una marcha de trabajadores del Poder Judicial en Guanajuato, donde se exigía la defensa de la independencia judicial y se rechazaba la reforma aprobada por Morena.
La situación se complica aún más con la reciente iniciativa presentada por senadores del partido oficialista, que busca prohibir a la Suprema Corte invalidar cambios constitucionales mediante amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Esta propuesta es impulsada por los coordinadores de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna.
Al presentar la iniciativa en el Congreso, Adán Augusto López argumentó que, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, “no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados para la defensa del orden constitucional”.
Este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo pone de manifiesto las tensiones políticas actuales en México, donde la independencia del poder judicial se encuentra en el centro del debate público. La resolución de la controversia constitucional por parte de la SCJN será crucial para definir el futuro de la reforma judicial y el equilibrio de poderes en el país.
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