Las parteras y médicas tradicionales indígenas de San Luis Potosí exigen que no se publique en el Periódico Oficial del Estado el decreto aprobado por el Congreso el 23 de mayo de 2024, ya que lo consideran inconstitucional.
Este decreto, que reforma varias disposiciones de la Ley Estatal de Salud, otorga facultades a las autoridades para regular la práctica de la partería y la medicina tradicional, y establece cursos de profesionalización para estos profesionales.
El principal motivo de oposición es que el decreto contraviene las reformas recientes a la Ley General de Salud, que reconocen la autonomía de las prácticas de las parteras y médicas tradicionales indígenas.
Las comunidades nahua, tének y Xi’iuy, junto con diversas organizaciones, han señalado que el decreto representa un retroceso en los derechos de los pueblos indígenas, violando los artículos 1º y 2º de la Constitución, que protegen los derechos humanos y la autodeterminación de estas comunidades.
A pesar de la falta de una respuesta clara por parte de las legisladoras, las comunidades siguen luchando para que el decreto no sea publicado, en defensa de su derecho a preservar su cultura y autonomía en la atención a la salud.
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