Un posible paro total de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) podría poner en riesgo la continuidad de más de un millón de procesos judiciales en México, según abogados y especialistas consultados. Esta medida, que sería una respuesta a la reforma judicial impulsada por el gobierno y Morena, afectaría principalmente asuntos laborales y administrativos, áreas con un alto volumen de casos abiertos.
El anuncio del paro, hecho por diversas agrupaciones de jueces y magistrados, ha generado preocupación entre expertos, quienes advierten sobre las graves consecuencias que podría tener para la sociedad. Aunque se prevé la implementación de guardias para atender casos urgentes, el impacto en los procesos judiciales podría ser significativo, con consecuencias potenciales en la salud, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos.
El posible paro ha sido impulsado por la percepción de que la reforma judicial, que podría aprobarse en septiembre, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores del PJF, que agrupa a más de 30 mil empleados, ha expresado su desacuerdo con esta medida, al no considerar que la reforma afecte directamente a sus miembros.
Entre los procesos que podrían verse paralizados, los asuntos administrativos representan la mayor proporción, con más del 30% del total de casos. A estos les siguen los procesos laborales, que representan el 25.5%, y los penales, que incluyen temas delicados como órdenes de aprehensión y medidas cautelares. La posible paralización también podría tener repercusiones políticas, tanto para los jueces como para quienes promueven la reforma, incrementando la tensión entre los poderes del Estado.
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