El Partido Acción Nacional (PAN) ha denunciado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está actuando en favor del Ejecutivo al presentar una demanda contra legisladores de su bancada en la Cámara de Diputados. La CNDH los señala como probables responsables de utilizar la fachada de su sede nacional y causar un posible daño patrimonial durante una manifestación en contra de la reforma judicial, llevada a cabo el pasado 12 de septiembre.
Durante una conferencia de prensa, el diputado Elías Lixa Abimerhi criticó la postura de la CNDH, afirmando que “está más preocupada por inmiscuirse en asuntos políticos y por agradar al Ejecutivo en turno”. Lixa mostró una imagen del día en que el PAN clausuró simbólicamente las instalaciones de la CNDH y expresó su incredulidad de que el acto haya recibido más atención por parte del organismo que otros temas de mayor relevancia.
La coordinadora de los diputados panistas, Noemí Luna, indicó que varios legisladores han recibido citatorios judiciales para comparecer ante un juez. “La CNDH y su titular se enteran de lo que pasa, pero su respuesta no ha sido para atender graves violaciones de derechos humanos, sino para intimidar a los legisladores que alzamos la voz ante la inoperancia de esta comisión”, sostuvo.
Lixa Abimerhi enfatizó que la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, actualmente en campaña para su reelección, debería buscar un diálogo constructivo con los legisladores de oposición en lugar de intentar acallar sus reclamos. “Hubiera sido deseable que quien hoy pretende reelegirse en esta comisión busque un diálogo con los legisladores de oposición para entender a fondo lo que está sucediendo”, reprochó.
La denuncia de la CNDH surge tras la manifestación del 12 de septiembre, en la que diputados como Héctor Saúl Téllez, Federico Döring y Margarita Zavala fueron citados judicialmente. El citatorio advierte que, en caso de no presentarse, se librará una orden de presentación inmediata en su contra.
Este intercambio de acusaciones entre el PAN y la CNDH destaca la tensión existente en el contexto de la reforma judicial y las dinámicas de poder entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo en México. La resolución de estas controversias tendrá un impacto significativo en el clima político del país.
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