Ciudad de México - El gobierno de México ha anunciado su intención de impugnar un fallo reciente del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que obliga al país a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares a la minera estadounidense Odyssey Marine Exploration. El fallo se deriva de un conflicto relacionado con el proyecto de minería submarina "Don Diego" en Baja California.
Contexto del Conflicto
El conflicto se originó cuando las autoridades mexicanas negaron permisos medioambientales a Odyssey Marine Exploration para desarrollar el proyecto "Don Diego", que contemplaba el dragado de arenas fosfáticas en el Golfo de Ulloa, ubicado en Baja California Sur. Entre 2016 y 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.
El proyecto "Don Diego" se proponía extraer siete millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años, en una extensa área de 61,989 hectáreas, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas. La empresa estadounidense consideró que la negativa a los permisos constituía una violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que llevó a la empresa a iniciar un arbitraje internacional contra México en septiembre de 2020.
Reacción del Gobierno Mexicano
En respuesta al fallo del CIADI, el gobierno mexicano, a través de las Secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expresó su desacuerdo y anunció su intención de apelar la decisión. En un comunicado oficial, el gobierno indicó que considerará la resolución como deficiente y mencionó que se iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes.
“Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles”, se lee en el comunicado.
Además de la indemnización, el CIADI determinó que México deberá cubrir los gastos de honorarios de los árbitros y costos administrativos del proceso. La Secretaría de Economía ha reiterado su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales del país.
Impacto del Proyecto y la Reforma Judicial
El proyecto en cuestión, que ha sido objeto de controversia, representa una significativa inversión en recursos naturales. El gobierno mexicano ha subrayado que no permitirá que proyectos que favorezcan a grupos minoritarios comprometan sus recursos naturales. La administración actual defiende que las decisiones en torno a estos proyectos deben estar alineadas con los intereses nacionales y la protección del medio ambiente.
El conflicto también destaca las tensiones entre las políticas ambientales nacionales y las disposiciones internacionales, en un contexto donde México busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación de sus recursos naturales.
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