En un acto significativo de protesta, ocho magistrados de circuito han decidido no participar en la elección extraordinaria programada para el próximo año, donde se elegirán mediante voto popular la mitad de las plazas de jueces y magistrados, así como la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta decisión fue anunciada durante un mitin realizado el 23 de octubre a las afueras de la sede del Poder Judicial federal en Puebla, donde los magistrados expresaron su preocupación por la reforma judicial impulsada por el partido Morena y sus aliados.
Los magistrados, entre los que se encuentran Livia Lizbeth Larumbe, Gloria García Reyes, y otros cinco colegas, calificaron la reforma como un "acto autoritario" que amenaza la independencia judicial en México. En su discurso, señalaron que han sido testigos de un proceso que parece sacado de "libros de texto sobre dictaduras". Acusaron a la mayoría de los legisladores en el Congreso de la Unión de estar coludidos con el partido en el poder, siguiendo órdenes del presidente de la República para desmantelar el Poder Judicial y llevar a cabo destituciones masivas de jueces, magistrados y ministros.
Los magistrados argumentan que las listas de candidatos que surgirán de este proceso electoral están compuestas por personas que están alineadas con los intereses del partido gobernante, lo que consideran una falta de dignidad y respeto hacia la institución. "Nos retiramos de la contienda con la frente en alto y con dignidad", declararon, instando a que su decisión sea respetada y asegurando que continuarán luchando por los derechos humanos desde otras posiciones.
La renuncia a participar en esta elección extraordinaria no es un hecho aislado. Otros magistrados, como Juan Pablo Gómez Fierro, también han expresado su rechazo, señalando que la reforma judicial es contraria a los principios de la república y a la división de poderes.
Este movimiento de los magistrados resalta una creciente preocupación por la autonomía del Poder Judicial en México, lo que podría tener profundas implicaciones en el futuro de la justicia y la gobernanza en el país. Con esta decisión, los magistrados buscan no solo defender su independencia, sino también alertar a la sociedad sobre lo que consideran un grave retroceso en el sistema democrático mexicano.
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