El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, ha confirmado que la ley de amnistía, aprobada por el Congreso en mayo pasado, no será aplicable en el caso de Carles Puigdemont y dos de sus exconsejeros, Antoni Comín y Lluis Puig, en lo referente al delito de malversación. Esta decisión se produce mientras el Tribunal Constitucional se prepara para deliberar sobre varios recursos presentados en contra de la ley de amnistía.
La ley de amnistía, aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra, fue fruto de las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), que la exigieron como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, la interpretación del juez Llarena sugiere que ciertos delitos, como la malversación, no están cubiertos por la amnistía debido a que contravienen la normativa europea.
Llarena argumentó que Puigdemont y sus colaboradores utilizaron fondos públicos para financiar el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, lo que considera ilegal bajo la Constitución española y el Estatut de Catalunya. Aunque Puigdemont esperaba beneficiarse de la ley de amnistía para regresar a España sin ser detenido, esta resolución judicial lo mantiene en una situación de riesgo legal.
La defensa de Puigdemont ha anunciado que apelará la decisión ante el Tribunal Constitucional, que ya tiene acumulados varios recursos de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). La decisión final sobre la validez de la ley de amnistía aún está por definirse.
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