La discusión sobre la reforma judicial en México ha tomado un giro inesperado tras las recientes declaraciones del senador Adán Augusto López Hernández. López Hernández sugirió que la coalición de Morena, el PVEM y el PT podría alcanzar la mayoría calificada con 85 senadores, una afirmación que ha generado controversia y rechazo por parte del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE).
El CNLE advirtió que esta interpretación es incorrecta y que, de aceptarse, iría en contra de la Constitución. Según el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, se requieren 86 senadores para cumplir con el umbral de dos tercios, o mayoría calificada, que es del 66.66% de los 128 senadores.
El CNLE explicó que 85 senadores representan solo el 66.40%, un porcentaje inferior al exigido por la Constitución. En cambio, 86 senadores representarían el 67%, cumpliendo así con el requisito constitucional. El CNLE subraya que la regla de mayoría calificada no permite decisiones con una votación menor al porcentaje requerido, aunque sí permite decisiones con un porcentaje mayor.
López Hernández intentó justificar su posición mencionando interpretaciones alternativas que ajustan el número requerido, pero el CNLE sostiene que este ajuste no es válido en este contexto legislativo. La controversia surge en un momento crucial, ya que Morena y sus aliados actualmente cuentan con 83 senadores, más los senadores experredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, que se han unido al oficialismo, haciendo que la necesidad de claridad en la interpretación sea aún más relevante.
Esta disputa subraya la importancia de adherirse a las normas constitucionales para garantizar la legitimidad de las decisiones legislativas, especialmente en asuntos de gran trascendencia como la reforma judicial.
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