Entre las medidas tomadas por Porras se incluyen allanamientos a sedes electorales, peticiones de retiro de inmunidad a magistrados electorales y al propio presidente, así como investigaciones contra trabajadores electorales y ciudadanos involucrados en el proceso electoral, alegando fraude y otras irregularidades.
Arévalo, por su parte, ha criticado a Porras por negarse a investigar actos de corrupción del gobierno anterior de Alejandro Giammattei, quien la nombró en el cargo. Además, ha solicitado al Congreso de la República modificar la ley para poder removerla. Porras enfrenta sanciones de al menos 40 países que la acusan de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente visita al país, recomendó una revisión independiente del Ministerio Público, ofreciendo apoyo técnico para abordar las denuncias de criminalización contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
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