A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, las familias de los jóvenes desaparecidos han lanzado un llamado a la sociedad mexicana para unirse a una jornada de protesta que recorrerá Ciudad de México este jueves. La movilización busca exigir justicia no solo para los estudiantes, sino también para las más de 115,000 personas desaparecidas en el país.
La noche del miércoles, los nombres de los 43 estudiantes fueron proyectados en el Monumento a la Revolución, en un acto simbólico que precedió a la manifestación del jueves. La capital amaneció blindada ante posibles brotes de violencia, mientras las calles se preparan para la marcha que recorrerá el centro de la ciudad.
Durante la semana previa, los familiares han llevado a cabo diversas actividades para atraer la atención pública y reunir apoyo. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos, destacó la importancia de mantener la visibilidad del caso: “Si no, ¿qué van a saber (la gente) que aquí seguimos?”
A una década de los eventos ocurridos en Iguala, Guerrero, las familias siguen sin respuestas claras. Aunque las autoridades han concluido que los jóvenes fueron asesinados, solo se han encontrado restos de tres de ellos. Fundar, una ONG que apoya a las familias, ha solicitado a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, proporcionar atención psicológica y jurídica urgente, en vista del abandono institucional que han sufrido.
El caso Ayotzinapa ha revelado un patrón de desapariciones forzadas que ha persistido en México por décadas, con múltiples irregularidades en las investigaciones, incluyendo torturas y manipulaciones que han impedido la verdad. A pesar de las detenciones y búsquedas extensas, las familias aún no conocen el destino de los estudiantes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien concluirá su mandato el 30 de septiembre, se ha distanciado de algunos de los avances relacionados con el caso. Minimizó las denuncias de tortura realizadas durante la anterior administración, rechazó el vínculo con el tráfico de heroína y atribuyó las acusaciones contra el Ejército a intereses políticos. “No hay impunidad para nadie”, aseguró López Obrador, insistiendo en que su gobierno hizo todo lo posible para encontrar a los jóvenes.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la paralización de la investigación y el retroceso en algunos aspectos del caso. En su comunicado, la CIDH destacó la persistencia de obstáculos en la entrega de información y un "pacto de silencio" que impide identificar a los responsables y sus encubridores.
El jueves, la protesta en Ciudad de México servirá como un recordatorio del dolor y la demanda de justicia de las familias, mientras el país sigue buscando respuestas a uno de los casos de desaparición más emblemáticos de su historia reciente.
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