La malversación de fondos públicos por parte de varios ayuntamientos ha dejado a los pueblos originarios marginados y en condiciones de desarrollo deficitario. Rogel del Rosal Valladares, representante de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas de la Huasteca, ha alzado la voz para exigir justicia presupuestaria, buscando asegurar que se respeten los derechos financieros de estos pueblos a través de juicios de amparo.
Del Rosal Valladares destacó que el objetivo es garantizar que los recursos presupuestarios asignados por ley a los pueblos originarios sean administrados directamente por las asambleas comunitarias. Este enfoque busca evitar que los fondos sean desviados para fines personales, un problema recurrente que ha impedido el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida en estas comunidades.
En respuesta a las preocupaciones sobre posibles intereses personales o de grupo, Del Rosal Valladares afirmó que la organización no utiliza a las comunidades para fines particulares. En cambio, subrayó que, cuando las asambleas comunitarias tienen el control de los recursos, la gestión es más eficaz y beneficia directamente a los pueblos originarios.
Esta lucha por justicia presupuestaria refleja un esfuerzo por corregir desigualdades históricas y garantizar que los pueblos originarios reciban y gestionen adecuadamente los recursos que les corresponden por derecho.
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