Empresas involucradas en la gestión de algunos de los sitios de desechos más peligrosos en Estados Unidos han sido acusadas de utilizar informes erróneos de una agencia federal de salud para justificar la reducción de costos en las operaciones de limpieza. Esta práctica ha permitido a dichas empresas defenderse eficazmente en juicios y negar compensaciones a las víctimas afectadas por la contaminación.
En el suburbio de St. Louis, Missouri, el vertedero de West Lake, contaminado con desechos del Proyecto Manhattan, ha estado en el centro de una larga disputa ambiental y de salud pública. A pesar de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo designó como uno de los lugares más contaminados que requieren intervención, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR) ha sido criticada por emitir un informe en 2015 que minimizaba los riesgos para la salud, contradiciendo estudios independientes.
Residentes como Melissa Mitchell y Deborah Mitchell, quienes han perdido familiares a causa del cáncer y han luchado contra la enfermedad ellos mismos, expresan una profunda desconfianza hacia el gobierno y la ATSDR, acusando a la agencia de favorecer los intereses corporativos sobre la salud pública.
Republic Services, junto con la minera Cotter Corp y el Departamento de Energía de EE. UU., se enfrentan a un escrutinio continuo por su gestión del vertedero y el uso de los informes de la ATSDR para justificar limpiezas menos exhaustivas. Este caso destaca una problemática más amplia de cómo ciertas agencias federales pueden ser percibidas como facilitadoras de intereses empresariales en detrimento de la comunidad.
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