CV NOTICIAS- 04 JULIO 2024
El gobierno de Ecuador ha declarado un nuevo estado de excepción en seis de las 24 provincias del país y en una localidad minera, todas afectadas por la violencia del narcotráfico. Esta medida sigue a una declaración similar en junio que fue considerada improcedente por la Corte Constitucional.
El estado de excepción, que permite al gobierno suspender ciertos derechos ciudadanos, regirá durante 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, así como en la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay. Según el decreto divulgado por la Secretaría de Comunicación, "la criminalidad ha escalado cuantitativa y cualitativamente a un grado de intensidad alarmante e inusitado".
En este contexto, el presidente Daniel Noboa ha suspendido los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, así como la libre asociación. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos que representen posibles amenazas a la seguridad.
La Corte Constitucional había declarado improcedente una medida similar en junio, argumentando que el Ejecutivo no justificó adecuadamente las causales. Desde entonces, las jefaturas militar y policial se trasladaron de Quito al puerto pesquero de Manta, en la provincia de Manabí, para frenar el repunte de la criminalidad en esa zona, donde un legislador suplente fue asesinado.
El año pasado fue el más violento en la historia reciente de Ecuador debido a la violencia desatada por grupos narcotraficantes, con una tasa récord de 47 homicidios por cada 100,000 habitantes, en comparación con los 6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2018. En respuesta a la creciente violencia, Noboa declaró al país en conflicto armado interno en enero y ordenó a las Fuerzas Armadas salir a las calles para neutralizar a una veintena de organizaciones criminales, a las que calificó de beligerantes y terroristas.
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