El reciente cambio legislativo en México que transfiere el mando de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas ha generado un amplio debate sobre la militarización del país y sus implicaciones en la seguridad y los derechos humanos. Esta reforma, aprobada por el Senado mexicano, se produce en un contexto donde la violencia relacionada con los cárteles de la droga sigue siendo un grave problema.
Contexto de la Reforma
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, había esperanzas de que las fuerzas militares regresaran a los cuarteles después de años de enfrentamiento con los cárteles de la droga. Sin embargo, al finalizar su sexenio, no solo permanecen en las calles, sino que ahora liderarán la Guardia Nacional, compuesta por cerca de 130,000 efectivos.
La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza de seguridad civil bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, su estructura se ha visto cuestionada desde el principio, ya que muchos de sus miembros provenían del Ejército y la Marina, y su mando incluía a militares recién retirados.
Aprobación de la Reforma
La reforma fue aprobada a pesar de las críticas de organizaciones humanitarias y expertos, que advierten que este movimiento profundiza la militarización en México. Durante el debate, el partido oficialista, Morena, y sus aliados argumentaron que el control militar sobre la Guardia Nacional mejoraría su eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
López Obrador, quien anteriormente intentó colocar a la Guardia Nacional bajo mando militar pero fue detenido por la Suprema Corte de Justicia, ha defendido esta reforma como una solución necesaria ante la incapacidad de la policía para manejar la violencia.
Implicaciones de la Militarización
Expertos en derechos humanos, como la politóloga Ana Vanessa Cárdenas, han señalado que esta decisión representa una regresión en la seguridad y los derechos humanos en México. Afirmó que “este cambio deja en una total vulnerabilidad a los ciudadanos”, ya que los militares están entrenados para combatir enemigos externos, no para garantizar los derechos de los ciudadanos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha expresado su preocupación por el aumento potencial de desapariciones forzadas e impunidad derivadas de esta reforma. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advierten que esta es una señal de que México se dirige hacia una militarización irreversible.
Perspectivas Contrapuestas
Mientras algunos legisladores oficialistas argumentan que esta reforma fortalecerá la supervisión y efectividad de la Guardia Nacional, analistas como David Saucedo sostienen que simplemente formaliza una situación que ya existía de facto. Según Saucedo, la Guardia Nacional no ha logrado reducir los niveles de violencia y ha operado más como una presencia disuasiva que como una fuerza activa contra el crimen.
La transformación de la Guardia Nacional en una rama de las Fuerzas Armadas marca un hito en la estrategia de seguridad de México, levantando preocupaciones sobre el futuro del país en términos de derechos humanos y gobernabilidad. A medida que la violencia persiste, el enfoque militar puede tener consecuencias de largo alcance que afecten la relación entre el estado y la sociedad civil.
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