La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado chileno culpable de violar derechos humanos durante un proceso penal contra 135 mapuches, señalando discriminación y prejuicios en las sentencias dictadas en los años 90.
El caso se centra en las protestas pacíficas lideradas en 1992 por el Consejo de Todas las Tierras, una organización mapuche que busca la restitución de tierras ancestrales. Según la CIDH, el proceso penal estuvo marcado por irregularidades graves, como la falta de traductores para los acusados, condenas contra personas no incluidas en la acusación y la aplicación de leyes imprecisas.
La Corte concluyó que estas acciones configuraron una criminalización de la protesta social pacífica, vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Entre las medidas ordenadas, la CIDH pidió al Estado chileno anular las sentencias, borrar antecedentes penales de los condenados y establecer mecanismos de reparación para las víctimas.
El fallo llega en un momento en el que Chile enfrenta tensiones crecientes en las regiones de Biobío y La Araucanía, donde comunidades mapuches demandan la restitución de sus derechos y denuncian militarización y violencia en sus territorios.
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