El estado de derecho en la frontera de México con Guatemala ha enfrentado un deterioro alarmante en 2024, con el aumento de la violencia y criminalidad. Este año ha visto el desplazamiento forzado de numerosas comunidades chiapanecas, predominantemente indígenas, y la trágica situación de refugiados mexicanos en Guatemala. La presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en Chiapas no ha logrado frenar el control que las organizaciones criminales tienen sobre la región.
Las autoridades, a pesar de su obligación formal de intervenir, han sido ineficaces en el control del crimen y en la protección de la población. Las organizaciones criminales no solo dominan el tráfico de armas, drogas y personas, sino también el comercio, la producción y otras actividades sociales, convirtiéndose en poderes fácticos en muchos municipios.
La crisis de inseguridad en Chiapas es un reflejo de una problemática nacional. El desplazamiento forzado y la conversión de mexicanos en refugiados son indicadores de una grave crisis social. La frontera con Estados Unidos ha visto un aumento dramático en el número de mexicanos que buscan protección, con cifras alcanzando picos históricos desde mayo de 2022.
Este nuevo flujo de desplazados refleja las condiciones sociales deterioradas, causadas principalmente por la presencia de organizaciones criminales. El desplazamiento forzado y los refugiados mexicanos en Guatemala son una clara imagen de una crisis que sigue sin ser atendida adecuadamente.
La situación requiere una modernización técnica y operativa de las instituciones de justicia y seguridad, con plena autonomía y profesionalización. Sin una intervención decidida y eficaz, la crisis seguirá profundizándose, con graves consecuencias para los derechos humanos y el desarrollo económico en las regiones afectadas.
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