El debate sobre la reforma judicial en México ha avivado la polarización en el país, especialmente respecto a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga en el proceso de reforma constitucional. Según el artículo 135 de la Constitución, el poder de modificar la Constitución recae exclusivamente en el Congreso y las legislaturas estatales, no en la SCJN ni en el Poder Judicial de la Federación.
El artículo 61 de la Ley de Amparo refuerza esta posición al establecer que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas a través de este juicio. Cualquier intervención de jueces federales en la suspensión de estas reformas es jurídicamente inválida, ya que contraviene el principio de legalidad estipulado en el artículo 16 constitucional.
Cuando una reforma afecta directamente a la SCJN, como la que actualmente está en discusión, las preocupaciones se amplían. Permitir que la SCJN revise cambios que impacten su estructura o condiciones laborales podría comprometer su imparcialidad y minar su legitimidad. Los principios de independencia y objetividad judiciales, fundamentales para un sistema de justicia, se verían comprometidos si la Corte se convirtiera en juez y parte de su propia reforma.
En un Estado de derecho, la soberanía legislativa es un pilar fundamental. La SCJN no puede interferir en el proceso de reforma constitucional, ya que hacerlo implicaría una contradicción en su misión de proteger la supremacía constitucional, además de generar un conflicto de intereses dentro del propio Poder Judicial.
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