El gobierno argentino ha reglamentado la ley de contratos de obra pública y provisión de bienes y servicios, un componente central de la Ley de Bases impulsada por el presidente Javier Milei.
Esta normativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca reforzar la seguridad jurídica y fomentar la participación privada en proyectos de infraestructura pública.
El decreto establece un nuevo régimen de iniciativas privadas, permitiendo al Poder Ejecutivo renegociar o rescindir contratos de obra pública que hayan sido ejecutados hasta un 80% antes del 10 de diciembre de 2023, fecha en la que Milei asumió la presidencia.
Según Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, las concesiones de obra incluirán plazos variables y mecanismos automáticos de actualización, contribuyendo a una mayor estabilidad y reducción de costos para el Estado.
Argentina, que enfrenta múltiples demandas en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi), busca con esta reglamentación minimizar los riesgos jurídicos y financieros que han afectado al país desde la crisis de 2001. El nuevo Régimen de Iniciativa Privada se aplicará a proyectos presentados a partir de la fecha de publicación del decreto.
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