El reciente informe de La Jornada de Oriente revela que el conglomerado canadiense Almaden Minerals, junto con su filial Almadex Minerals, ha interpuesto una demanda de 200 millones de dólares contra México en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La demanda surge tras la cancelación de concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, Puebla, ordenada por el gobierno mexicano el año pasado.
Almaden sostiene que México ha violado sus obligaciones bajo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) al bloquear el desarrollo del proyecto minero Ixtaca y revocar retroactivamente las concesiones, lo que ha causado pérdidas significativas para la empresa. La compañía argumenta que ha invertido en la región desde 2001, estableciendo relaciones a largo plazo y contribuyendo al bienestar local.
Sin embargo, activistas mexicanos y canadienses han denunciado desde 2017 que el proyecto minero de Almaden provocaría daños irreversibles a los derechos al agua y la salud de las comunidades locales, además de afectar el ecosistema de la región. Ignacia Serrano, líder de las comunidades afectadas, ha acusado a la empresa de engañar a los inversores sobre los conflictos y acciones legales relacionadas con el proyecto.
La demanda de Almaden es la segunda de empresas canadienses contra México bajo el CPTPP, un tratado de libre comercio que incluye a países como Australia, Chile, Japón y Vietnam. Este tratado fue negociado por el equipo de Ildefonso Guajardo y ratificado por México en 2018.
Actualmente, se está llevando a cabo una revisión del CPTPP, con un informe final previsto para 2025. El Centro Canadiense de Políticas Alternativas ha propuesto alinear el capítulo de inversiones del CPTPP con el Acuerdo Climático de París y proteger los derechos de los pueblos indígenas. El CCPA también ha señalado que las disposiciones del tratado dificultan los esfuerzos para enfrentar las crisis climática y de biodiversidad.
Recientemente, México ha ocupado el primer lugar en demandas ISDS ante el Ciadi durante el año fiscal 2023-24, con un total de nueve demandas en ese período. Estas se suman a las 21 demandas pendientes contra México, que incluyen reclamaciones por al menos 13 mil millones de dólares, muchas relacionadas con empresas mineras.
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