A pesar de estar en pleno siglo XXI, las acusaciones de brujería contra mujeres siguen siendo una realidad en México. Desde 2019, el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido 21 sentencias en las que se acusa a mujeres de ser "brujas" o "adoradoras del diablo."
Uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio de Mama, Yucatán, donde los hermanos Carlos Alberto y Rutilio acusaron a su vecina de haber causado la muerte de su sobrino mediante brujería. A pesar de que un informe médico confirmó que el joven falleció debido a complicaciones de salud relacionadas con COVID-19, los hermanos insistieron en su versión y comenzaron una campaña de difamación contra la mujer, incluso organizando una cacería de brujas en la comunidad.
El caso de Mama es solo uno de muchos en los que mujeres son señaladas como responsables de infortunios mediante prácticas esotéricas. La mayoría de las acusaciones provienen de exmaridos que buscan evadir responsabilidades legales, como el pago de pensión alimenticia o la custodia de los hijos, utilizando la brujería como pretexto en los tribunales.
Estas acusaciones no solo afectan la vida personal y social de las mujeres, sino que también revelan un preocupante regreso a actitudes propias de la Inquisición. En muchas comunidades, la simple sospecha de brujería puede desencadenar represalias violentas y aislamiento social, dejando a las acusadas en situaciones de extrema vulnerabilidad.
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